(Publicado el 1 de junio de 2019 – English)

Este es el formulario que el jefe del Ejército de Colombia requirió que los oficiales completaran en enero, preguntándoles cuántos miembros de cada grupo armado planeaba neutralizar en el próximo año. De El Tiempo.

Un artículo del New York Times del 18 de mayo reveló un cambio alarmante en la forma en que el Ejército de Colombia, bajo la cúpula que asumió en diciembre pasado, está midiendo el “éxito” en sus operaciones.

El artículo recibió mucha atención por el tema de los derechos humanos, especialmente la posibilidad de que vuelvan los asesinatos extrajudiciales tipo “falsos positivos”. Y de hecho, en el período previo al artículo del Times, los medios de comunicación colombianos comenzaron a transmitir informes sobre personal militar actuando de manera más agresiva con los civiles.

Pero el peligro y la contraproductividad de esta nueva política van más allá de los derechos humanos. El cambio de los mandos superiores indica un retorno a los “recuentos de cuerpos” como la principal medida de éxito que usa el ejército colombiano.

Ese es un enfoque fracasado y desacreditado, que la mayoría de nosotros pensamos que ya había sido enterrado desde hace mucho tiempo. Pero el gobierno de derecha del presidente Iván Duque lo ha desenterrado. Con una nueva cohorte de comandantes que pasaron por el período de “falsos positivos”, las viejas formas han regresado con fuerza. El reportero Nick Casey del Times transmitió lo que escuchó de los oficiales militares que se manifestaron para expresar su preocupación:

hubo un cambio importante cuando el general Martínez [Nicacio Martínez, jefe del Ejército] convocó a una reunión de sus principales oficiales en enero, un mes después de asumir el mando.

…Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte inferior.

El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.

Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales.

En el período posterior al acuerdo de paz, el Ejército de Colombia ha identificado a varios enemigos internos como amenazas a la seguridad nacional: las guerrillas del ELN, los disidentes de las FARC, la red paramilitar del “Clan del Golfo”, y los grupos regionales más pequeños. Juntos, suman más de 10,000 armados, además de redes de apoyo.

Pero cuando las fuerzas de Colombia eliminan a un líder, matan a varios combatientes, o convencen a algunos de que se desmovilicen, en realidad no sucede nada. Los territorios donde operan estos grupos continúan sin gobernarse.

Las carreteras son escasas, y las pavimentadas son desconocidas. Igual con los títulos de tierra. Probablemente no haya conexión a la red eléctrica. Las escuelas post-primarias son distantes. Los residentes informan que han pasado meses o años sin ver a un representante no uniformado del gobierno nacional o local. La idea de acudir al sistema judicial para resolver una disputa es más que ridícula: muchos municipios (condados) no tienen jueces ni fiscales.

En ese entorno, una unidad militar que viene en la búsqueda de altos recuentos de cuerpos obtiene dos resultados. Primero, una población aterrorizada cuya desconfianza en el gobierno llega a ser mayor que antes. Y segundo, los nuevos grupos armados, u otros elementos de los mismos grupos armados, llenan el vacío y toman el control de las economías ilícitas que predominan en el territorio. En pocas semanas, un nuevo comandante, un nuevo grupo o grupos, o varias facciones en guerra se están beneficiando igual que antes de la producción y el traslado de drogas, la minería ilegal, el tráfico de combustible, la extorsión, y otras fuentes de ingresos. Un alto “conteo de cuerpos” cambia poco en el terreno.

Las fuerzas militares del mundo han sabido esto desde rato. Para situaciones como la zona rural de Colombia, han descartado el “conteo de cuerpos” y han desarrollado un enfoque llamado “operaciones de estabilidad”. Esto es lo que dice el manual de Operaciones de Estabilidad del Ejército de los Estados Unidos sobre cómo las fuerzas de seguridad deben medir el “éxito”:

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, el Ejército ha aprendido que la fuerza militar por sí sola no puede asegurar una paz sostenible. Se requiere un enfoque integral, así como una comprensión profunda de un entorno operativo. La estabilidad en última instancia tiene como objetivo establecer las condiciones que la población local considera legítimas, aceptables y predecibles. La estabilización es un proceso en el que el personal identifica y mitiga las fuentes subyacentes de inestabilidad para establecer las condiciones para la estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, las tareas de estabilidad se centran en identificar y enfocar en las causas fundamentales de la inestabilidad y desarrollar la capacidad de las instituciones locales.

En lugar de preguntar “a cuántos enemigos neutralizamos”, entonces, la pregunta es más “¿puede el estado hacer lo que se supone que debe hacer un estado en el territorio, y siente la población que lo que se ha generado es algo bueno? ¿Mejoran sus vidas?

Durante demasiado tiempo, el ejército de Colombia midió su éxito con los recuentos de cuerpos. Esto culminó, lo más trágicamente, en el escándalo de los “falsos positivos” que estalló en 2008. Resultó que los soldados, que buscaban obtener recompensas y ser vistos como exitosos en un clima de “recuento de cuerpos”, terminaron matando a miles de civiles inocentes, en veces comprando cadáveres de paramilitares y criminales.

Las medidas de éxito empezaron a cambiar a fines de los años 00, cerca del final del segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el viceministro Sergio Jaramillo, en colaboración con los oficiales militares estadounidenses de la época de David Petraeus que se habían sentido quemados por los fracasos de la guerra de Irak, avanzaron hacia la segunda forma de medir el éxito. Desarrollaron métricas de “consolidación territorial” basadas en indicadores de violencia, presencia del gobierno, y acceso de la población a bienes básicos. “Consolidación del control territorial”, lee un documento del Ministerio de Defensa de 2007,

Se entenderá…como el escenario en el que la seguridad provista por la Fuerza Pública garantiza que el Estado pueda hacer prevalecer el orden jurídico y permite que todas las instituciones funcionen de manera libre y permanente, de tal forma que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.

No tuvieron mucho éxito en eso: después de algunas mejoras iniciales notables, el esfuerzo de “Consolidación” se agotó en 2013 por falta de apoyo político, y la parte civil del gobierno generalmente no se presentó detrás de los soldados. Aún así, como presidente, Santos nombró al jefe de las fuerzas armadas el General Alberto Mejía, quien desarrolló una nueva doctrina militar que puso en su centro muchas de estas nuevas medidas de éxito, expresado así en el manual de “estabilización” del Ejército publicado en 2017:

El objetivo de la estabilidad es reducir el nivel de violencia; para lo cual las Fuerzas Militares (FF. MM.) realizan operaciones que se caracterizan principalmente por la conducción de tareas de estabilidad para apoyar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, económicas y sociales, y la adhesión general a las leyes locales, las reglas y las normas de comportamiento.

Luego, junto con Jaramillo como alto comisionado de paz, Santos negoció un acuerdo de paz comprometiendo al gobierno, una vez más, a tratar de “entrar” en el campo. Esto se refleja con mayor fuerza en el primer capítulo de los acuerdos de paz de las FARC de 2016 sobre la “reforma rural integral”.

[D]eben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres-.

Un comandante militar que busque medidas de éxito como estas estaría midiendo kilómetros de caminos pavimentados, niños capaces de asistir a la escuela, hectáreas de tierra tituladas, y datos de encuestas que muestran las percepciones de que el gobierno se ha vuelto más responsable y confiable. NO se le pediría al comandante que complete formularios que indiquen cuántos combatientes mataría o “neutralizaría” su unidad durante el próximo año.

No está del todo claro por qué el Ministerio de Defensa de Colombia querría dar un paso tan grande hacia atrás. Una explicación parcial podría ser que Colombia ahora tiene un gobierno de derecha populista que, debido a que representa los intereses de los grandes terratenientes, no le dé prioridad a la reforma de las áreas rurales. Quizás, también, las contrapartes del Comando Sur que acompañan el ejército colombiano han dejado de comunicar la visión de “operaciones de estabilidad”, ya que la estrategia actual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ahora enfatiza el conflicto de los grandes poderes (China, Rusia) sobre las “guerras pequeñas”.

Pero eso no es suficiente para explicar este paso en falso. Podría ser algo mucho menos complicado. Tal vez el nuevo alto mando simplemente carece de imaginación, y quiere volver a hacer lo que conocen, ya sea si funcione o no.