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Last Updated:5/15/02
Qué está pasando en Washington, 21 de marzo - 10 de mayo del 2002
21 de marzo:

El 21 de marzo, el gobierno del Presidente George W. Bush sometió al Congreso una adición presupuestal que incluía dinero para la financiación de sus políticas en Colombia.  Esta adición presupuestal representa fondos que podrán ser expedidos y  gastados en el 2002 desde el momento de que dicha propuesta sea aprobada por el Congreso.  La propuesta permitirá que toda la ayuda que ha sido otorgada y será otorgada en el futuro a la policía y las fuerzas armadas, por medio del programa anti-narcóticos del Departamento del Estado, sea utilizada “para apoyar una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos, actividades terroristas, y otras amenazas a la seguridad nacional.”

16 de abril:

Como respuesta a la adición presupuestal propuesta por al administración Bush, 38 organizaciones no-gubernamentales en los EEUU hicieron entrega de una carta a todos los miembros del Congreso.  Dicha carta solicitaba su rechazó al cambio de política de EE.UU. en relación con Colombia.  La principal preocupación de estas organizaciones es que la propuesta buscaba eliminar los controles establecidos años pasados.  Elimina el requerimiento de que la ayuda entregada en el pasado sea limitada a las actividades anti-narcóticos, así mismo busca descartar las condiciones de derechos humanos y las condiciones de fumigaciones que el Congreso había incorporado en años anteriores.

Esta propuesta también contiene fondos para un nuevo programa que proveería seis millones de dólares por adelantado, que hacen parte de la propuesta del presupuesto para el 2003.  Estos 6 millones estarían dirigidos específicamente para el entrenamiento y dotación de un batallón encargado de la protección del oleoducto Caño-Limón- Covenas.  En su carta las ONGs mantienen que el gobierno de Colombia no ha cumplido con las condiciones de derechos humanos anteriormente impuestas, en especial resaltan los nexos estrechos de las Fuerzas Militares con las organizaciones paramilitares y el estancamiento de los procesos judiciales en contra de oficiales acusados por sus relaciones con estos grupos.  La carta le recomienda a los Congresistas mantener los controles en la ayuda a Colombia,  rechazar las propuestas para expandir la misión de los EEUU en estos momentos, y renovar el compromiso de los EE.UU. con respecto a la ayuda humanitaria, judicial y desarrollo alternativo hacia Colombia.

1 de mayo:

El Secretario de Estado, Colin Powell, tomó la decisión de certificar a Colombia en las tres condiciones en donde se afirma que: “(A) el Comandante General de las Fuerzas Armadas colombianas está suspendiendo a todos aquellos miembros, independientemente de su rango, quienes hayan sido creíblemente acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos extra-judiciales, o haber ayudado a grupos paramilitares; (B) que las Fuerzas Armadas colombianas están cooperando con fiscales civiles y autoridades judiciales en enjuiciar y castigar en cortes civiles a esos miembros, independientemente de su rangos, que hayan sido creíblemente acusados de haber cometidos grave violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos extra-judiciales, o haber ayudado a grupos paramilitares; y (C) las Fuerzas Armadas colombianas están tomando medidas efectivas para cortar lazos a los niveles de comando, batallón y brigada, con grupos paramilitares y a ejecutar ordenes de captura para miembros de tales grupos.”

Esto significa que las Fuerzas Militares colombianas comenzaran a recibirán el 60% de los fondos de ayuda de EE.UU. aprobados en el presupuesto del 2002.  Para que estas puedan recibir el 40% restante se llevara acabo una segunda certificación.  Esta certificación probablemente ocurrirá después de la inauguración del nuevo presidente.

10 de mayo

El sub-comité de operaciones en el exterior de la Cámara de Representantes hizo su “mark-up” o acto de asignación de la adición presupuestal propuesta por la administración del presidente Bush. En gran medida el debate giro alrededor de la política hacia Colombia. Durante este proceso se logró que las condiciones de derechos humanos y fumigación se mantuvieran.

Así mismo, debido a las preocupaciones de varios miembros de que el cambio de misión (de una estrategia anti-narcóticos a una estrategia anti-terrorista) involucraría a los EE.UU. aun más en el conflicto Colombiano, la versión del proyecto de ley escrita por el comité delimita claramente que los fondos apropiados por los EE.UU. hacia una campaña anti-terrorista solo podrán ser utilizados con este propósito hasta el FINAL DEL ANO FISCAL 2002.  Esto significa que si se quiere continuar con este tipo de misión en Colombia el próximo año, el Congreso tendrá que debatir el tema una vez mas en el verano como parte del proyecto de ley para ayuda en el exterior.

La versión del Comité aun incluye US $35 millones—incluyendo US $6 millones como pago inicial para el programa de protección al oleoducto Cano Limo- Convenas del cual es parte propietario Occidental Petroleum.

El Representante Farr (D-CA) iba a ofrecer una enmienda que cortaría los $6 millones para el oleoducto, sin embargo al ultimo minuto decidió no hacerlo.  En su lugar la Representante Kaptur (D-OH) ofreció una versión un poco mas complicada de la propuesta del Representante Farr en la que se  buscaba canalizar los $6 millones a programas de asistencia alimentaría.  Esta enmienda no paso,  pero seguramente veremos propuestas de este tipo cuando el debate llegue al pleno de la Cámara. 

El Representante Obey (D-WI) por su parte ofreció una enmienda que hubiera cortado toda la ayuda a Colombia y la hubiera transferido a programas para el tratamiento y la prevención en los EE.UU.  Esta enmienda perdió con una votación de 25-33, una votación muy cercana considerando la magnitud de lo que se estaba  proponiendo.

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