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Last Updated:4/30/01
IPR: El “Punto Cero” del Plan Colombia

Copias de este informe están disponibles a US$1.50 cada uno, o 50 centavos c/u para cantidades de 20 o más, del Centro para las Políticas Internacionales. Pida copias por correo electrónico: cip@ciponline.org.

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$1.50
Junio del 2001

El “Punto Cero” del Plan Colombia

Reporte del viaje de CIP al Putumayo, Colombia, Marzo 9-12, 2001

Por Adam Isacson e Ingrid Vaicius

Pregúntele a los habitantes del Putumayo cómo era esta región hace mas de veinte años, antes de la llegada de la coca, y le describirán un sitio idílico – de esos que ya no existen. Un lugar selvático, lleno de micos y mariposas; ríos con pescados y delfines rosados de agua dulce; y loros y guacamayas volando por encima de los árboles en tal cantidad que parecían nubes de colores.

Dos meses después de las fumigaciones nada crece en donde antes existían platanales entre algunas matas de coca.

El Departamento de Putumayo, al sur de Colombia, es un terreno aproximadamente del tamaño del Estado de Maryland que comparte su frontera con Ecuador y Perú. Tiene variada topografía y clima: el Alto Putumayo al noroeste en el piedemonte de los Andes con su clima templado; el Putumayo Medio, donde se encuentran las grandes sabanas y el Bajo Putumayo, con su tórrida y húmeda selva. Los habitantes de este departamento utilizan los ríos para hablar de “hacia arriba” y “hacia abajo” para dar direcciones, en vez de utilizar los puntos del compás. Aunque el “achocolatado” Río Putumayo nace a solo unas ciento y pico de millas del Océano Pacífico, al poner un bote en el río serpentearía por las fronteras de Ecuador y Perú, hasta encontrarse con el Río Amazonas, y eventualmente llegar al Atlántico.

Aun queda mucho del antiguo Putumayo y esto lo vimos durante el viaje de CIP del 9 al 12 de marzo. Todavía es un lugar bellísimo y arrollador en todo su esplendor. Sin embargo, también vimos mucha selva destruida para sembrar cultivos no tradicionales, grupos armados operando a sus anchas, campos arrasados por herbicidas, pobreza, y miedo por doquier. Quedamos consternados con el papel de los Estados Unidos en esta región, pues el Putumayo es el destino principal del controversial plan de Washington de fumigar los cultivos de coca, con el apoyo de miles de dólares, la gran mayoría en ayuda militar.

Vinimos al Putumayo a evaluar la primera fase de dicho programa - ocho semanas de fumigación aérea – la cual había cesado hace un mes. Quienes apoyan esta política dicen que el programa de los Estados Unidos tiene un “enfoque balanceado”. Sin embargo, hasta ahora ha sido totalmente militar, sin que se haya gastado un centavo para los programas de asistencia económica, los cuales podrían evitar que los campesinos continúen sembrando coca, la planta que se utiliza para hacer cocaína. Encontramos que la zona donde se han llevado a cabo las fumigaciones no es donde supuestamente se encuentran las plantaciones de coca “industriales”, sino donde hay muchas familias que en este momento se están quedando sin comida. Encontramos cierta verdad en las afirmaciones que dichas fumigaciones han afectado la salud de los habitantes y han destruido los cultivos lícitos, incluidos algunos proyectos de desarrollo alternativo. Así mismo nos inquieta ver que las fumigaciones se llevan a cabo sin problema debido a una ofensiva paramilitar en las áreas a fumigar. Encontramos que los habitantes del Putumayo sí quieren dejar de cultivar coca y, a la vez, tienen propuestas claras acerca de cómo la asistencia de los Estados Unidos les puede ayudar a ganarse la vida legalmente.

La Capital Colombiana de la Coca

El Putumayo empezó su descenso alrededor de 1979, cuando primero apareció la coca. En ese entonces la población era un tercio de los aproximadamente 300.000 habitantes que tiene hoy en día.
Aunque hay una gran población indígena con firmes raíces, la mayoría de los habitantes del Putumayo son descendientes de primera o segunda generación de gente llegada de otras partes de Colombia.

Miles han emigrado en los últimos cuarenta años de los centros históricos de población en los Andes y la Costa, empujados por la violencia y atraídos por las promesas de tierra para todos. Unos llegaron bajo programas de “colonización directa” del Gobierno, los cuales nunca llegaron a fruición. Unas “bonanzas” de corta duración y basadas en un solo producto atrajeron a miles de personas en busca de empleo. En la década de los sesenta con el caucho y en los setenta con el petróleo, hasta que se desplomaron o saturaron los mercados. (El Putumayo tiene grandes reservas de petróleo, aunque la producción hoy dista mucho de lo que era en la década de los sesenta).

A pesar de la explosión demográfica del Putumayo, el Gobierno Central no hizo sentir su presencia. Es muy raro ver policías, jueces, hospitales, colegios, bancos o carreteras transitables. Donde hay agua y luz es porque se instaló recientemente. El abandono del Gobierno no solo contribuyó al ambiente de “lejano oeste” sino a la dificultad de ganarse la vida honradamente una vez se acabaron las “bonanzas”. Sin crédito, sin carreteras, y sin estar integrados a los mercados nacionales, era muy costoso sembrar cualquier producto agrícola y ninguno producía ganancias. Hoy en día aún ocurre esto. Un campesino nos dijo: “Sembrar una hectárea (2.5 acres) de maíz y llevarla al mercado nos cuesta Col$300,000 (aprox. US$150). Ni siquiera podemos venderla por ese precio”.

Una nueva “bonanza” tuvo su comienzo a finales de los años 70, cuando algunos narcotraficantes emprendedores, aprovechando la demanda de cocaína de los Estados Unidos, estimularon a algunos de los campesinos locales a que sembraran coca. El cultivo ilícito progresó rápidamente. Crece como la mala hierba en la tierra infértil del Bajo Putumayo, dando cuatro o cinco cosechas al año. A través de un proceso en el cual utilizan gasolina, cemento y algunos otros químicos, los productores fabrican una “pasta” blanca en sus “laboratorios” – los cuales realmente son solamente un kiosco con piso de cemento y unas canecas de 55 galones. Las hojas que se recogen de una hectárea de coca dan aproximadamente dos kilos (4.4 libras) de pasta. Estas cantidades son fáciles de transportar en una zona donde las pocas carreteras existentes son difíciles de transitar para una camioneta 4 x 4 y mucho más para un camión. “Para cualquier campesino, un morral lleno de coca, representa más ganancias que un camionado de papas”, nos explicó uno de los dirigentes locales. Es más, el mercado de la coca está garantizado. Los comisionistas o intermediarios pagan un buen precio, en efectivo – aproximadamente Col$2 millones (US$1,000) por kilo – cifra que aumenta después de los esfuerzos de erradicación del Gobierno, ya que se reduce la oferta.

Aunque no haya ninguna cosecha en el Putumayo que produzca las ganancias de la coca, el campesino que la cultiva es el eslabón más pobre de una cadena muy larga. El kilo de pasta de coca que le produce al campesino US$1.000 se convierte en cocaína que se vende por mas de US$100.000 en las calles de los Estados Unidos o Europa. Además, los US$1.000 del campesino no son todo ganancia. Hay que quitarle el costo de la semilla, fertilizantes, pesticidas, procesamiento e “impuestos”, cobrados por los guerrilleros de las FARC o por los paramilitares (quienes muchas veces compran la pasta de coca directamente a precios artificialmente bajos). Lo que le queda al campesino con una o dos hectáreas de coca, es poco más que el sueldo mínimo mensual de Col$286.000 (US$140).

Esto concuerda con las condiciones de los campesinos productores de coca que visitamos en el Putumayo. Familias con una o dos hectáreas generalmente viven en una sola habitación, hecha de madera con tejado de zinc – mal se le podría llamar casa. No tienen ni agua ni luz, ni medios de transporte cercanos. Aquellos con cuatro o cinco hectáreas (según las autoridades locales muy pocos sobrepasan esta cantidad) pueden ser considerados como la clase media. Tienen pequeñas casas de bloque de cemento y pintadas, una motoneta (se ven pocos vehículos en las carreteras del Putumayo), posiblemente una TV y VCR, y una nevera.

Putumayo: la última parada en el errante tráfico de drogas de Sur América

Aunque en el Putumayo la coca ha estado presente desde 1979, no era lugar de cultivo hasta muy recientemente. Es más, hasta mediados de los años noventa, Colombia ocupaba un distante tercer lugar, detrás de Bolivia y Perú, dentro de los principales productores mundiales de coca.

Los carteles de la droga de Cali y Medellín no estimulaban el cultivo de coca en territorio colombiano. Sus redes traían la coca cultivada en el Perú y Bolivia, procesaban la base de coca en Colombia y sacaban de contrabando el producto terminado. Este sistema dejó de funcionar a mitad de la década de los noventa. Los carteles habían sido aniquilados, los Estados Unidos y el Perú habían interrumpido las rutas aéreas entre los cultivos y los laboratorios de procesamiento en Colombia, y algunos programas de desarrollo alternativo estaban dando fruto en el Perú y Bolivia, logrando que los campesinos no sembraran estos cultivos ilícitos.

Los narcotraficantes colombianos, repartidos entre una multitud de micro-carteles, no se daban por vencidos. Comenzaron a comprar coca cultivada en Colombia, lo que conllevó a una rápida expansión de dicho cultivo, especialmente entre 1994-1995. El Putumayo, aunque era una fuente significativa, no se convirtió en la capital de la coca colombiana unos años más tarde.

La producción de coca colombiana durante la mitad de la década de los noventa se daba en su mayoría en los departamentos del Guaviare y Caquetá. (Ver mapa en la página anterior). En 1996, estos dos departamentos tenían sembradas 60.400 de las 69.200 hectáreas en Colombia, de estas solamente 7.000 estaban sembradas en el Putumayo.

Desde finales de 1995, el Gobierno de los Estados Unidos y la Policía Nacional Colombiana han llevado a cabo un programa de fumigación área de los cultivos de coca en el Guaviare y el Caquetá con glifosato (el ingrediente activo del herbicida “Round-Up”). Durante años estas fumigaciones se hicieron sin ningun tipo de asistencia de parte de los Estados Unidos para los campesinos afectados. Las consecuencias lógicas y previsibles fueron que los cultivadores simplemente se reubicaron fuera del alcance de los aviones de fumigación. Así nacieron los nuevos cultivos de coca a todo lo largo del Putumayo a finales de los años noventa.

El Gobierno Colombiano estimó que para el 2000, más de 55.000 hectáreas en el Putumayo estaban sembradas con coca – un incremento de ocho veces en cuatro años. (En enero del 2001, la Embajada de los Estados Unidos dijo que esta cifra “podría ser hasta de 90.000 hectáreas”).

El alcalde de Puerto Asís, la ciudad más grande del Putumayo, Manuel Alzate es un hábil político, cuyas capacidades le serían muy útiles en Washington. Alzate refutó el mito que los campesinos del Putumayo se están enriqueciendo con el negocio de la coca. “Si eso fuera cierto, se verían algunas mejoras después de veinte años de cultivar coca aquí. Pero las casas de los campesinos son igualitas a lo que eran hace veinte años.” Efectivamente, el Ministerio de Planeación ha encontrado que el 77% de los hogares en el Putumayo no tienen como cubrir sus necesidades básicas.

Una plantación de coca en el valle del Guamués. Tomamos esta foto desde la carretera.

El Putumayo está invadido de coca; sobre todo en el Valle del Río Guamués. Al transitar por la carretera entre Puerto Asís y La Hormiga, el pueblo más grande de dicho valle, los campos de coca no se ven hasta pasar a la parte sur del Municipio de Orito, donde se aprecian desde la carretera. En lo que anteriormente era selva tupida, ahora se ven las hileras de matas de coca creciendo entre los árboles caídos. Más al sur del Valle del Guamués, los sembrados de coca llegan hasta el borde de la carretera.
Aproximadamente el 90% de los campesinos en esta zona siembran coca. Aunque la siembra se considera ilícita, ya es parte de la cultura local. La coca les ha dado a ellos y a los recogedores migratorios de la hoja de coca, o raspachines, una entrada fija. Esto, en un país donde la cifra oficial de desempleo es de un 20%. Los intermediarios y traficantes más arriba en la cadena de producción se han enriquecido mucho más. Muchos dirigentes se quejaron y comentaron que con este dinero fácil, ha aparecido una “cultura degenerada”. La coca ha traído una dudosa ética de trabajo y nadie ve la necesidad de educarse como la forma de obtener movilidad social.

La violencia es la esencia de la cultura, y hoy en día se ve por todas partes en el Putumayo. “La vida en el Putumayo no vale ni mil quinientos pesos (US$0.75)”, nos dijo un dirigente campesino. (El Alcalde Alzate había comentado lo mismo, solamente que utilizó cien pesos). Encontrar cuerpos al lado de la carretera por las mañanas en La Hormiga es muy común, según comentarios recibidos. La carretera hacia el pueblo está llena de bares donde los recogedores de las cosechas van a beber. Aquí los bares tienen cortinas en vez de puertas y afuera se encuentran prostitutas o “sardinitas” muy jóvenes. Ocasionalmente se ve una patrulla del batallón cercano, que consiste de tres o cuatro muchachos, no mayores de 18 años con cara de asustados, cargando armas automáticas y granadas a propulsión. Un aviso en la recepción de nuestro hotel decía: “Para su seguridad y la nuestra, la reja de la entrada se cierra a las 11 P.M. No hay excepciones”.

Pasamos una noche de sábado bastante tensa, de sueño liviano - entre la competencia de vallenatos de cada uno de los bares de La Hormiga, el ruido de las motocicletas y ocasionales tiroteos.

La Guerrilla

Una voladura reciente.

En las afueras de Villagarzón paramos en un retén que el Batallón del Ejército había instalado en las afueras de la base (tan solo a dos o tres millas del que había instalado la Policía Antinarcóticos en las afueras de su base). Un soldado muy amable nos requisó y preguntó de dónde veníamos. “La Hormiga” contestamos – a cien millas y cinco horas de aquí. El soldado se sonrió y preguntó, “No vieron ningún guerrillero?”

No vimos ningún guerrillero de las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) durante nuestro recorrido. Sin embargo, mientras viajábamos por las carreteras observamos las huellas de su presencia y la libertad con que operan en las áreas rurales del Putumayo. Nuestro vehículo patinó en el crudo derramado por las voladuras contra el oleoducto que viene del Ecuador. Los rezagos de estos ataques son un espectáculo común al lado de las carreteras. Pasamos por muchos derrames de unos cincuentas pies de diámetro, en los cuales todo – la carretera, la tierra, las plantas y los árboles – estaba cubierto con una capa negra como resultado del derrame y el consiguiente incendio. Había pozos de crudo al lado de la carretera, contaminando lagos y arroyos. Pasamos por un sitio donde todavía salía humo del crudo incendiado por la voladura.

Vimos buses y carros que habían sido quemados por las FARC al atreverse a desafiar sus restricciones de no transitar por las vías. Pasamos muchos camiones pintados con letreros de las FARC, (tal como “Plan Colombia = plan de guerra”) en los retenes que hacen en las carreteras, advirtiéndole, además, a los camioneros que no los pueden retirar. Al pasar por un sitio de selva tupida, un compañero le preguntó al conductor, “éste es el sitio donde están atracando, verdad?” “Si, casi todos los días” contestó. Nadie viaja en las carreteras del Putumayo entre las 6 P.M. y 6 A.M.

Las FARC establecieron su presencia permanente en el Putumayo durante el comienzo de la década de los ochenta. No era el primer grupo guerrillero que operaba en el área; los izquierdistas del M-19 y Maoístas del EPL fueron muy activos en el Putumayo a finales de la década de los setenta y a principios de los ochenta. Cuando llegó el Frente 32 de las FARC, ya los primeros grupos se habían ido. Al comienzo de los años noventa se creó otro frente en el Putumayo - el 48. Así mismo, varios frentes de los departamentos vecinos pasan por aquí con frecuencia.

Hasta muy recientemente, las FARC eran los dueños indiscutibles del Putumayo y, a pesar de que han perdido algunos pueblos a los paramilitares, la guerrilla continúa dominando las zonas rurales. Los frentes de las FARC siguen reclutando nuevos miembros a la fuerza, incluyendo jovencitos menores de edad, en los pueblos del Putumayo. A otros los obligan a efectuar entrenamientos militares y amenazan con hacerle daño a sus familiares si se van de la zona.

Puerto Asís.

Las FARC también mantienen una estrecha relación con el negocio de la coca en el Putumayo. Cobran “impuestos” sobre la producción de coca, como lo hacen sobre todas las actividades económicas de las zonas que controlan. Los productores locales nos informaron que van aun más allá del cobro de los impuestos – están comprando las pasta de coca a precios fijos.

En 1996, después del comienzo de los programas de fumigación con el apoyo de los Estados Unidos en el Guaviare y el Caquetá, las FARC organizaron protestas masivas de campesinos en el sur de Colombia, incluyendo el Putumayo. Semanas de protestas y violencia culminaron cuando el Gobierno en Bogotá se comprometió a efectuar proyectos de infraestructura, programas de sustitución de cultivos y asistencia para su desarrollo. El Gobierno no cumplió con sus compromisos, y las protestas de 1996 se consideran, por lo tanto, como un fracaso. Los campesinos locales, quienes perdieron sus ingresos debido a las protestas, dirigieron su resentimiento y desconfianza, no solo hacia Bogotá, sino también hacia las FARC.

Las protestas, el reclutamiento forzado y el incremento de impuestos sobre el negocio de la coca ha debilitado seriamente el apoyo con que cuentan las FARC. Algunas de las personas con quienes conversamos hablaban casi con nostalgia de los líderes guerrilleros que manejaban el Putumayo durante la década de los años ochenta y principios de los noventa. Los describieron como personas justas y comprensivas de los campesinos locales. Nos dijeron, “la coca cambió a las FARC”. A medida que el Bloque Sur de las FARC incrementó su capacidad económica y se afianzaba militarmente, sus jefes en el Putumayo – incluyendo a Joaquín Gómez, quien hoy es miembro del Comando Superior – se preocuparon menos por mantener el apoyo de los campesinos y más por las contribuciones de la coca hacía a sus finanzas.

Los Paramilitares

En muchos de los pueblos del Putumayo se ve abiertamente la presencia de otro grupo armado por fuera de la ley, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización derechista paramilitar del país. En las zonas cocaleras del Bajo Putumayo, entrar a los pueblos o caseríos es casi como entrar a otro país. Este es territorio paramilitar, donde docenas de hombres, a quienes los campesinos tildan de “Power Rangers” operan abiertamente, vestidos generalmente de civil.

La Dorada, una pueblo en el sur del Valle del Guamués muy cerca a la frontera con Ecuador, tiene un parque muy lindo que el Gobierno Municipal terminó a mediados del 2000, después de mucha insistencia ante las FARC, quienes dominaban la ciudad. El parque estaba casi desierto cuando visitamos La Dorada – no había niños jugando sobre los columpios, nadie caminando sobre el pasto recién cortado, ni nadie sentado sobre las nuevas bancas. Es más, todo el centro estaba desocupado, a excepción de unos grupos de hombres jóvenes, todos fuertemente armados.

La carretera principal del Putumayo.

Los paramilitares sacaron a las FARC de La Dorada en una incursión masiva que comenzó el 21 de septiembre del 2000. No demoraron mucho en instalarse permanentemente. Como en otras partes esta incursión no se dio por la derrota militar de las FARC – aunque los tiroteos en el centro de la ciudad ocurrían a diario durante meses – sino asesinado y ahuyentando a aquellos civiles que ellos consideraban como colaboradores de la guerrilla. Los paramilitares también efectuaron lo que ellos llaman una “limpieza” de civiles sospechosos en las áreas rurales alrededor de La Dorada. Aunque no se conoce a ciencia cierta cuántas personas asesinaron, a principios de octubre habían llegado a La Dorada más de 800 personas desplazadas de los alrededores. Muchos se fueron para otras partes, inclusive al Ecuador.

Después de hablar con las autoridades locales, incluyendo el mediador del Gobierno para Derechos Humanos (quien no ha podido salir de allí desde agosto pasado), nos apresuramos a salir de La Dorada antes de que comenzaran las restricciones sobre el tránsito vehicular establecidas por la guerrilla. A la entrada del pueblo, al lado de la carretera había dos guardias paramilitares armados y vestidos de civil, uno de los cuales estaba hablando por radio. Media milla mas adelante, y tal vez a unos quince minutos de la base militar de La Hormiga, vimos una columna de unos diez hombres caminando por la mitad de la carretera, vestidos con ropa de camuflaje, cargando rifles Galil y con las letras “AUC” sobre sus espaldas. Desaceleramos y nos dejaron pasar, sin quitarnos la mirada de encima. Aunque no sostuvimos su mirada, no pudimos menos que darnos cuenta que todos aparentaban tener más de treinta años - bien diferentes a los jóvenes reclutas que el ejército manda a patrullar y a los soldados niños que reclutan los guerrilleros. Posiblemente, tenían experiencia militar previa dentro de alguna otra organización.

Aunque La Dorada es una de las últimas conquistas de las AUC, la llegada de los paramilitares como tal al Putumayo es reciente. El grupo, fundado en el norte de Colombia y subvencionado por los terratenientes y narcotraficantes, era desconocido en el Putumayo hasta cuando las protestas en contra de las fumigaciones de 1996. En ese entonces, su líder, Carlos Castaño, anunció la formación de un bloque de “grupos de auto-defensas del sur”. Llegaron a la región a finales de 1997 y principios de 1998, llevando a cabo una serie de masacres y asesinatos selectivos. Desde ese entonces, se han movido rápidamente. Para 1999 ya tenían el control de La Hormiga, Orito y el caserío de El Placer, donde mantienen una base de operaciones. Se tomaron La Dorada en septiembre del 2000; en diciembre se establecieron en Puerto Caicedo con un ataque, que según los dirigentes locales ya lleva más de 120 muertos.

Unos pocos pueblos en el suroeste del Putumayo aun están bajo dominio de las FARC; uno es El Tigre, situado al lado de la carretera principal en el Municipio de Orito. Aunque las AUC no controlan El Tigre, sus habitantes recuerdan bien cuando aparecieron por primera vez el 9 de enero de 1999. Fue unos pocos días después de que el Gobierno empezó sus diálogos de paz con las FARC. Apareció una columna de 150 paramilitares, asesinando a 26 personas en la plaza principal y desapareciendo a catorce más. Los habitantes nos contaron que los primeros vehículos que entraron al pueblo después de este ataque tenían que esquivar los cadáveres sobre la carretera. Otros contaron de gente que fue atacada a machetazos y tirada al río. Los paramilitares posiblemente vuelvan pronto. Al pasar por el pueblo vimos graffiti recién pintado sobre un muro que decía: “AUC – venimos para quedarnos. El Tigre será borrado del mapa”.

Aunque controlan primordialmente los cascos urbanos, los paramilitares también se mueven en las áreas rurales, asesinando y desplazando a miles de personas. Mantienen retenes permanentes y controlan el acceso hacia los pueblos. Los líderes indígenas nos contaron que no pueden viajar solos por los ríos, pues las AUC los paran para cuestionarlos sobre sus negocios. Los paramilitares también cobran “impuestos” sobre la producción de coca, y muchos analistas especulan que su ofensiva en el Putumayo tiene más que ver con incrementar sus ingresos por negocios de coca que con una cruzada en contra de la guerrilla.

El Río Putumayo.

Bajo la condición de mantenerlos en el anonimato, muchos de los que entrevistamos insistían que el éxito de los paramilitares en el Putumayo se debía, en gran parte, a la colaboración de las Fuerzas Militares. Los paramilitares operan abiertamente y sin restricciones de ninguna clase – como lo apreciamos personalmente. Poco se oye de combates entre el Ejército y las AUC. Algunas fuentes nos confirmaron acciones conjuntas, así como la presencia de los paramilitares en las bases militares. El jefe de la Brigada 24 (cuya base es en Mocoa, la capital del departamento) recientemente confirmó que el Batallón 59 reemplazará al Batallón 31 en la base de La Hormiga debido a una serie de rumores sobre su colaboración con las AUC.

En octubre del 2000, un valiente policía denunció a las autoridades civiles la cooperación entre los militares y paramilitares en Puerto Asís. Según el diario El Tiempo de Bogotá, el policía informó que los paramilitares se identifican plenamente y se movilizan en vehículos claramente marcados. El policía dijo que no comprendía “habilidades y pericias que utilizan para burlar los retenes del Ejército, por los cuales tienen que pasar obligatoriamente y alojarse al frente de ellos mismos”. Agregó, que había oído numerosas acusaciones en las que el Comando del Ejército se reúne regularmente con los líderes paramilitares en un sitio conocido como “Villa Sandra”. Dicha hacienda queda en el pueblo de Santana, al norte de Puerto Asís, y a solo unos pocos metros de la base del Ejército, donde en estos momentos se encuentra el nuevo batallón anti-narcóticos, financiado por los Estados Unidos. (No observamos ninguna persona en los terrenos de Villa Sandra en las dos ocasiones que pasamos por ahí).

En su informe publicado a mediados de Marzo del 2001, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenta sobre la existencia de un retén paramilitar permanente en El Placer, la existencia de la base paramilitar en “Villa Sandra”, incluyendo el hecho que se utiliza para reuniones entre los militares y los paramilitares, y la prolongada toma de La Dorada por las AUC, a pesar de la proximidad de la base del Ejército en La Hormiga.

Extracto del informe de 2000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(Publicado el 8 de febrero del 2001 y emitido en marzo 2001)

[A] la entrada de la vereda “El Placer” es notoria la existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares negaron por escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó que en la hacienda “Villa Sandra”, entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del ejército. Con posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares en la misma hacienda “Villa Sandra”. A fines de julio, la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se encuentra a pocos minutos de la base del ejército en La Hormiga.

Otro factor que contribuyó a la toma de los paramilitares, fue el desencanto de la población local con la guerrilla. Aunque esto se remonta a 1996, año de las fracasadas marchas campesinas, las FARC se encargo de atarse “la soga al cuello” con su respuesta de “mano dura” a las ofensivas de los paramilitares. La guerrilla comenzó a adoptar políticas por medio de las cuales le hizo más daño a la población civil que a los paramilitares; simplemente matando indiscriminadamente y activando carrobombas en las plazas centrales de los pueblos.

Después de la toma de La Dorada por las AUC, las FARC perdió aun más terreno, al llevar a cabo un “paro armado” con el fin de aislar a los paramilitares en los pueblos. En septiembre del 2000 y durante ochenta días, la guerrilla prohibió todo tránsito por las carreteras del Putumayo, incendiando todo vehículo que no cumpliera esta orden. (Los bordes de las carreteras aun siguen llenos de montones de hierros retorcidos y oxidados, que alguna vez fueron vehículos). Los habitantes estaban presos en sus propios pueblos, y los del campo estuvieron a punto de morir de hambre.

Los habitantes de La Dorada nos comentaron sobre el trauma que fue pasar por esta experiencia - primero la invasión de los paramilitares y luego la del paro armado. Después que las FARC levantó la restricción sobre el tránsito de vehículos en las carreteras, hubo como siete días durante los cuáles “la gente hasta se atrevió a utilizar el parque”. Luego, el 19 de diciembre, comenzaron las fumigaciones.

La Fumigación y el Paquete de Ayuda de los Estados Unidos

Entre el 19 de diciembre y principios de febrero, una operación financiada por los Estados Unidos y ejecutada por el Ejército y la Policía colombiana, fumigó entre 25.000 y 29.000 hectáreas con glifosato. La mayor parte de ésta fumigación se llevó a cabo en el Valle del Río Guamués. Era la primera vez que se fumigaba en el Putumayo con apoyo de los Estados Unidos, así como el primer resultado visible del paquete de ayuda US$1.300 millones, para Colombia y sus vecinos. Dicho apoyo fue convertido en ley por el Presidente Clinton en julio del 2000.

Este paquete de ayuda se conoce como una contribución al “Plan Colombia”, un programa del Gobierno colombiano con un presupuesto de US$7.500 millones destinado para la lucha contra las drogas, así como el fortalecimiento del Estado. Los oficiales del gobierno colombiano insisten que sólamente el 25% será para los militares y la policía, y que el otro 75% será para programas sociales y económicos. Con $860 millones de este paquete de ayuda, los Estados Unidos le suministrará a Colombia $1,165 millones durante el 2000 y el 2001. De esta suma, $929 millones – 80% – se destinará a los militares, la policía y el programa de fumigación, especialmente en El Putumayo.

El componente central de este programa es “el empuje al sur de Colombia” – una ofensiva militar diseñada para lograr la fumigación del Putumayo. Los políticos en los Estado Unidos decidieron no utilizar el modelo de fumigación que se utilizó durante muchos años en los departamentos del Guaviare y el Caquetá al norte, donde se contrataban pilotos americanos para llevar a cabo las fumigaciones escoltados por helicópteros de la Policía. Debido a la presencia de grupos armados quienes disparaban contra los aviones de fumigación, se resolvió que era muy peligroso fumigar sin la colaboración militar. Por lo tanto, el paquete de ayuda del año pasado incluía fondos para crear tres nuevos batallones dentro del Ejército colombiano, quienes recibirán varios helicópteros Blackhawk y Huey, estos últimos especialmente acondicionados.

La misión de estos batallones es la de convertir al Putumayo en lugar seguro para la fumigación vaciando las zonas a fumigar de los grupos armados. Como le dijo a un Comité del Senado el anterior Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General Charles Wilhelm, con 2.300 hombres en tres batallones “Colombia puede dar ‘el golpe de mano necesario’ al entrar las fuerzas armadas seguidas por la policía a las áreas de cultivo y producción de drogas y así asegurarlas para la fumigación y para cualquier otro tipo de operaciones que quiera efectuar la Policía Nacional Colombiana.” A los críticos de este programa les preocupa que “lograr las condiciones de seguridad necesarias” implique que unidades estadounidenses tengan que entrar en combate con los insurgentes y los paramilitares, acercándose Washington aun más a la guerra civil colombiana.

El dinero entregado a los militares se está gastando rápidamente. Dos de los tres batallones ya están listos para entrar en acción, y el tercero lo estará en mayo del 2001. Originalmente el Departamento de Estado había programado la primera entrega de helicópteros para octubre del 2002; sin embargo, las quejas de algunos congresistas de “línea dura” hicieron que se corriera la fecha de entrega para julio del 2001. En diciembre del 2000, con dos batallones listos y treinta helicópteros “temporales”, “clásicos” de los años 70, los Estados Unidos dio la luz verde para fumigar en El Putumayo.

Con los batallones y la Policía en tierra, una flotilla de aviones de fumigación ‘Turbo Thrush’, acompañados por helicópteros de la Policía y el Ejército, cumplían misiones diarias sobre el Valle del Guamués. Fumigaron con “Round-Up Ultra”, una mezcla de glifosato y dos aditivos (Cosmo Flux-411f y Cosmo-iN-D). Estos últimos ayudan a que el veneno se pegue a las hojas de coca y evitan que las boquillas de fumigación se tapen.

Miembros del Gobierno de los Estados Unidos le han dicho al Congreso y a los medios que esta primera etapa de fumigación ha sido un gran éxito. “En general, las operaciones en el sur de Colombia se han desarrollado mejor de lo esperado, con mínima oposición, pocos problemas logísticos, y sin gran incremento en el número de personas desplazadas”, comentó el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Rand Beers, a un sub-comité del Congreso a finales de febrero.

Unos arbustos de coca fumigados a las afueras de La Hormiga.

Los aviones de fumigación y los batallones encontraron poca oposición. Durante las primeras siete semanas de las ocho que duraría esta etapa, ocho aviones y helicópteros escolta fueron alcanzados por fuego anti-aéreo, sin que hubiera heridos o daños graves. Esto es mucho más seguro que el Guaviare y el Caquetá, donde en el 2000 los aviones fueron alcanzados cincuenta y seis veces mientras fumigaban 47,000 hectáreas – cuatro veces más por hectárea fumigada. Mientras “aseguraban el área,” las Fuerzas Armadas se vieron involucradas en solo cinco incidentes de combates menores: tres con las FARC, uno con los paramilitares, y uno con un atacante no identificado que lanzó una granada a propulsión contra un carguero de combustible. (Algunos llegaron hasta a especular que era un volador). La fumigación se llevó a cabo bajo condiciones tan seguras, que casi se hubiera podido llevar a cabo manualmente.

Le preguntamos a varias personas por qué hubo tan poca oposición hacia las fumigaciones. Algunos decían que el Ejército, incluyendo los nuevos batallones, efectivamente lograron asegurar el área. Gonzalo de Francisco, el oficial del Gobierno Colombiano encargado de las operaciones anti-drogas en el Putumayo, indicó que la falta de oposición se debió a la buena coordinación entre el Ejército y la Policía y a la confianza de los habitantes en la implantación de los programas de sustitución de cultivos.

Estos razonamientos, sin embargo, no explican cómo se pudieron efectuar estas fumigaciones en un fortín de las FARC con tan pocos incidentes de combate. La respuesta se encuentra en la explicación del Departamento de Estado: “el área original de fumigación estaba dominada, en su gran mayoría, por las AUC, la institución paramilitar”.

Esto es cierto, aunque las zonas “fueron dominadas por los paramilitares” solamente poco tiempo antes que llegaran los aviones de fumigación. Gran parte del área donde se fumigó entre diciembre del 2000 y febrero del 2001 – La Dorada, La Hormiga, y los alrededores de los Municipios de San Miguel y el Valle del Guamués – fue víctima de las campañas de asesinatos y desplazamientos forzados por parte de los paramilitares, reduciendo notablemente la presencia de guerrilleros en los meses anteriores a la fumigación. Con las FARC fuera del área, los paramilitares que se apoderaron de la zona permitieron que las fumigaciones procedieran sin obstáculos. Un líder paramilitar en el Putumayo, de nombre “Enrique”, le comentó en enero a Juan Tamayo del Miami Herald que “sus hombres tienen órdenes de no disparar a los aviones”. También dijo en la entrevista que aunque cobra “impuestos” a los negociantes de coca para financiar las operaciones de las AUC, “estamos 100% a favor de la erradicación”.

Algunas personas con las cuales hablamos en el Putumayo tenían sus dudas sobre la existencia de una conexión entre la ofensiva paramilitar a finales del 2000 y el comienzo de las fumigaciones. A pesar de que encontramos evidencia abrumadora de la colaboración entre los militares y los paramilitares en el área, no encontramos evidencia clara de una estrategia consciente de utilizar específicamente a los paramilitares para “suavizar” la primera fase de las fumigaciones.

No obstante, estamos convencidos que las unidades financiadas por los Estados Unidos no deben obtener todo el crédito por la falta de oposición contra los aviones de fumigación. Las fumigaciones efectuadas entre diciembre del 2000 y febrero del 2001 se facilitaron porque los paramilitares establecieron las condiciones de seguridad necesarias en la zona en los meses anteriores, a través de sus brutales actividades.

La Zona “Industrial” del Cultivo de Coca

A medida que penetramos al Valle del Guamués, el verde profundo del Putumayo se convirtió en amarillo y café. Habíamos entrado a la zona por donde habían pasado los aviones de fumigación unas semanas antes. Los herbicidas claramente habían cumplido su cometido. Al caminar a través de los sembrados de coca, era posible saber hacia que lado soplaba el viento el día que fumigaron. El árido paisaje está salpicado de maleza muerta y adustos árboles muy maltratados. En un platanal donde los plátanos se pudrían, vimos un tropel de micos buscando comida.

Los funcionarios americanos habían informado al Congreso, y al público en general, desde mediados del 2000, que el Valle del Guamués sería la primera zona de fumigación. Se refirieron al área como una zona “industrial” de cultivo de coca, con grandes plantaciones en manos de grandes “capos” del negocio. Gran parte de la población, dijeron, es una “población flotante” de jóvenes trabajadores migratorios o raspachines, como también se les conoce.

El 12 de marzo del 2001, mientras aun estábamos en el Putumayo, el Secretario Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Bill Brownfield, explicó su posición en una rueda de prensa en Washington. “En general, las áreas que se fumigaron, entre diciembre y febrero en el Putumayo … eran, según nuestros cálculos, plantaciones industriales de coca o áreas cultivadas de coca. Cuando digo industrial, quiere decir que son cultivos demasiado grandes para ser manejados por un solo campesino o su familia, como parte de una presencia multi-generacional, a largo plazo sobre una parcela específica de tierra. Estas eran bastante grandes”.

Aunque todavía hay bullicio, los residentes de La Hormiga nos dijeron que es un pueblo desierto, a comparación de lo que era hace unos meses antes que comenzaran a fumigar. Como dijo los Estados Unidos al entregar el paquete de ayuda, la gran mayoría de la ‘población flotante” de la zona efectivamente se evaporó. Sin embargo, se quedaron miles de familias campesinas y pequeños terratenientes a quienes las fumigaciones dejaron sin manera de ganarse la vida.

Niños en el pueblo de La Isla, una de las denominadas zonas "industriales."

En las fotos de satélite y aquellas tomadas durante los reconocimientos aéreos de la zona, los cultivos de coca del Valle del Guamués pueden parecer plantaciones “industriales”. Ya sobre la tierra, la realidad es otra. Caminamos a través de cultivos de coca que parecían interminables; sin embargo, era obvio que eran pequeñas parcelas que simplemente colindan y pertenecen, cada una, a una persona distinta. Varias personas nos dijeron que las parcelas individuales rara vez exceden las cuatro hectáreas, con las más grandes llegando a las siete u ocho. El Municipio de San Miguel, en todo el centro de la zona, tiene 18.000 hectáreas de coca repartidas entre una población rural de 20.000.

Debido a la creencia que esto es una zona “industrial”, el Gobierno de los Estados Unidos no ha designado ninguna suma para ayuda humanitaria ni para asistencia en el desarrollo de programas alternativos en la zona que se fumigó en diciembre, enero y febrero. Todas aquellas familias en la zona que perdieron tanto sus cultivos de coca como sus cultivos alimenticios quedaron por fuera del componente económico del programa de ayuda de los Estados Unidos en el Putumayo. Aunque algunos funcionarios en Bogotá dijeron que se ha entregado alguna ayuda con fondos del Gobierno Colombiano, no logramos hablar con ninguna persona que hubiera recibido algo.

Paramos en el pueblo de La Concordia al norte de La Hormiga, donde los aviones fumigaron todo – cultivos de comida, las viviendas, el colegio, el campo de fútbol y la misma carretera. Un campesino, Rigoberto, nos mostró los campos destrozados. Los aviones no violaron ningún procedimiento al fumigar todos sus cultivos; sin embargo, lo dejaron a él y a su familia sin qué comer.

Estos proyectos de desarrollo alternativo en La Isla fueron destruidos: un gallinero (arriba) y un lago artificial (abajo).

Le preguntamos a Rigoberto que estaban haciendo él y sus vecinos – ¿estaban sembrando comida nuevamente, cómo se estaban alimentando? Dijo que muchos en La Concordia estaban aguantando hambre. Como todos esperaban que los aviones volvieran pronto, nadie estaba sembrando nada, lícito o ilícito. “Pasamos el día con los brazos cruzados, pensando qué hacer”. A pesar de que La Concordia queda sobre la carretera principal – no hay ninguna necesidad de desviarse – ninguna asistencia humanitaria ha llegado a sus habitantes.

El señor Brownfield del Departamento de Estado explicó que no habrá ayuda para familias como la de Rigoberto que sembraron coca y comida en la misma parcela en la zona “industrial”. “Aquellos campesinos que intencionalmente esconden o tratan de proteger los cultivos ilícitos de coca o amapola, no recibirán ninguna ayuda, apoyo o compasión si son fumigados”, comentó en una rueda de prensa del 12 de marzo.

La Isla, un pueblo no lejos de La Concordia, fue uno de los primeros en ser fumigados. Los habitantes nos contaron que los aviones llegaron el 22 de diciembre. Pasaron por encima del pueblo, fumigando con ‘Round Up Ultra” a través de las ventanas sin vidrio de sus chozas. El herbicida destruyó todos los cultivos de comida; también destruyó dos proyectos de desarrollo diseñados para crear alternativas económicas lícitas. Uno de estos era un laboratorio de pasta de coca que había sido transformado en gallinero con fondos del PLANTE, la agencia del Gobierno Colombiano para el desarrollo alternativo. El otro era un proyecto de piscicultura. Tanto el gallinero como el lago artificial estaban desocupados. Los residentes de La Isla nos informaron que tanto las gallinas como los pescados se murieron a los pocos días de haber sido fumigados.

Estas matas de coca, podadas después de ser fumigadas, crecen rapidamente.

Aunque el glifosato es un herbicida soluble que se debe descomponer a los pocos días, los campesinos de La Isla nos dijeron que no han podido lograr que crezca nada. “Las semillas germinan, crecen un par de días, y luego se mueren”, nos contó un habitante. Es más, el único cultivo que progresa es el de la coca. Los cultivadores locales han notado que cuando podan las matas de coca, bien sea unos días antes o unos días después de la fumigación, vuelve y retoña rápidamente, dando más hojas que antes. Caminamos a través de varios cultivos de coca, donde las matas con sus hojas verdes brillantes crecían entre matas de plátano que se pudrían y la maleza muerta.

Los funcionarios americanos niegan categóricamente que las fumigaciones puedan ser la causa de los problemas de salud entre las poblaciones afectadas. En una reunión que sostuvo el Alcalde Alzate con el Jefe Anti-Narcóticos de la Embajada Americana, le informó que el glifosato es tan inofensivo que se podría tomar. (El funcionario rechazó la solicitud de Alzate de tomarse uno).

La madre de este bebé nos informó que las erupciones y costras aparecieron después de que los aviones fumigaron en La Isla en diciembre.

Sin embargo, ambos vimos y oímos evidencia que la fumigación incrementó los casos de problemas dermatológicos, respiratorios y gastrointestinales, tales como vómito y diarrea. Un médico en La Hormiga nos informó que los más afectados han sido los niños, notándose más sus efectos al comienzo de las fumigaciones en diciembre. Se especula que los aditivos que utilizan puedan ser los culpables. La mayoría de las personas ya no mostraban síntomas cuando llegamos semanas más tarde; la mayoría de los casos dermatológicos eran solamente pequeñas manchas. En La Isla, sin embargo, encontramos una bebé de cinco meses con la piel llena de pequeñas erupciones, costras y mucha razquiña. Su madre nos indicó que le apareció inmediatamente después de las fumigaciones en diciembre y, como se rasca, la inflamación es aun peor.

Las comunidades indígenas, especialmente los Cofán del Valle del Guamués, han sido duramente afectados por las fumigaciones. Los líderes indígenas nos informaron que aunque ellos siembran poca coca, sus reservaciones han sido invadidas por colonos, quienes sí cultivan apreciables cantidades, atrayendo a los aviones de fumigación. La fumigación les destrozó sus cultivos de comida y sus cultivos ceremoniales, tales como el yagé.

Los platanales muertos duemuestran claramente que los aviones pasaron por encima de esta casa.

Sin ayuda humanitaria y sin asistencia para el desarrollo de cultivos alternativos, las familias que no esperábamos encontrar dentro de la zona “industrial” se verán muy pronto sin qué comer. La otra posibilidad es que resuelvan radicarse en otra parte de la selva colombiana (cuyo tamaño es similar al estado de California), tumbar unos cuantas hectáreas de árboles y sembrar más coca.

Un documento emitido por la Embajada de los Estados Unidos, con fecha 28 de enero, indica que “el desplazamiento ha sido mínimo – unas 20 o 30 personas – desde que empezaron las fumigaciones a mediados de diciembre”. Todos aquellos en el Putumayo a quienes les leíamos las estadísticas, nos miraban incrédulos. Desde que empezaron las fumigaciones, los líderes de La Dorado nos informaron, los campesinos han estado abandonando la zona por camionadas – cuatro o cinco camiones al día.

Muchos de los desplazados están sembrando coca en otras partes de Colombia. Un destino común es el Departamento de Nariño, al oeste, donde se está incrementando rápidamente el cultivo de la coca. Otros se van para el Municipio de Puerto Leguízamo en el sureste del Putumayo, otros al Departamento del Amazonas, y algunos hasta cruzan la frontera al Ecuador. Según todos los cálculos, las fumigaciones de diciembre a febrero incrementaron el precio de la pasta de coca en un 25%, volviendo el cultivo aun más atractivo. El Alcalde de Puerto Asís, Alzate, nos dijo: “Cuando fumigan cuarenta hectáreas, aparecen ochenta más”.

Los Pactos Sociales

Los funcionarios americanos y colombianos hacen énfasis en el hecho de que sus planes en el Putumayo van más allá de las ofensivas militares y la fumigación área. Nos indicaron que han destinado dineros para una serie de “pactos sociales” con los productores locales que estén dispuestos a dejar de cultivar coca voluntariamente.

Aquellos campesinos que firman los pactos, se comprometen a erradicar sus cultivos manualmente dentro de los próximos doce meses a cambio de dinero, crédito y asistencia técnica para cultivos lícitos. Estos acuerdos, firmados con cientos de campesinos en una sola comunidad, son manejados por el PLANTE, la agencia del Gobierno Colombiano para el desarrollo alternativo. La implementación de dichos programas se hará por medio de un contrato firmado con una ONG. Cada ONG manejará cinco pactos. Los campesinos que firman los pactos recibirán asistencia en especie, valorada en aproximadamente Col$2 millones (US$1.000) y tendrán acceso a créditos y asistencia técnica (un técnico para cada 100 campesinos). También se tiene previsto llevar a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras. Aquellos campesinos que no hayan erradicado los cultivos dentro de los doce meses acordados se tendrán que someter a la fumigación.

Cuando estuvimos en el Putumayo, el Gobierno Colombiano había firmado cuatro pactos. El paquete de ayuda de los Estados Unidos ha patrocinado a dos de estos: uno en Puerto Asís, firmado el 2 de diciembre del 2000 y otro firmado el 15 de enero del 2001 en Santana, un pueblo en el Municipio de Puerto Asís. Dentro de estos dos pactos están incluidas 1,453 familias. Otros dos pactos se firmaron con fondos colombianos: uno en febrero con una comunidad indígena en el Municipio de San Miguel, y otro el 15 de marzo en Orito. Los pactos con fondos americanos están fuera de la llamada “zona industrial”, la cual no obtendrá ninguna ayuda económica de parte de los Estados Unidos.

Los campesinos de la zona, quienes agradecerían la oportunidad para dejar de cultivar coca, están vigilando cautelosamente dichos pactos. La desconfianza de los programas de desarrollo alternativo del Gobierno se remonta al año de 1996 cuando se firmaron los acuerdos que acabaron con las protestas contra la fumigación en esa época, y que nunca se cumplieron. Esto se suma a otros fracasos mayúsculos. Entre estos está una construcción a medio terminar y abandonada en las afueras de Puerto Asís, destinada a ser una planta para el procesamiento de palmitos. Esta quedó como un monumento a un proyecto del PLANTE que nunca arrancó.

La Embajada de los Estados Unidos informó en enero: “La firma de solo dos pactos de erradicación de coca ha tenido efectos positivos, en el sentido que más familias han expresado su interés, pues lo perciben como una realidad. La firma de dichos pactos parece haber disminuido la resistencia de algunos funcionarios locales hacia la fumigación aérea también”.

Cuando llegamos al Putumayo a mediados de marzo, encontramos que los que habían firmados los pactos meses atrás, aun no habían recibido un centavo. En vez de un proyecto de desarrollo alternativo, lo que encontramos fue unos campesinos enojados y desilusionados. Debido a un largo proceso de negociación con Fundaempresa, la ONG de Cali que debía administrar los primeros pactos, no se había entregado la ayuda y nadie se había comunicado con los signatarios para informarles sobre lo que estaba ocurriendo.

Las dudas e incertidumbre crecieron aun más después de un incidente, el cual nos comentaron varias veces durante nuestro recorrido. Según los líderes locales y los campesinos afectados, a principios de febrero un contingente de tropas del nuevo batallón anti-narcóticos creado por los Estado Unidos, visitó a trece familias en los pueblos de La Esperanza, La Planada, Bretania, Yarinal y Santa Elena – todos en el Municipio de Puerto Asís. Las trece familias habían firmado el primero pacto social en diciembre, y aun estaban esperando los fondos.

Gustavo*, uno de los campesinos visitados por el batallón, es uno de los cultivadores que conocimos. Nos dio la bienvenida a su casa de tres habitaciones, ventanas de vidrio, ventilador, televisión, equipo de música y una repisa con libros. Nos contó que los soldados del batallón llegaron una mañana, conversaron con él y su esposa y luego le pidieron que firmara un papel que decía básicamente que lo habían tratado bien. Una vez firmó dicho papel, las tropas se metieron a sus cultivos, arrancaron las matas y quemaron su laboratorio de fabricación de pasta de coca.

Gustavo protestó, pues como signatario del pacto social tenía doce meses para erradicar los cultivos. Nos contó que los soldados contestaron: “Que brutos e ingenuos ustedes los campesinos, le creen a los políticos que dicen que les van a ayudar. No conocemos ningún Señor de Francisco. (Gonzalo de Francisco es el funcionario del Gobierno encargado de la campaña anti-narcóticos en el Putumayo). Los Estados Unidos nos paga a nosotros directamente.”

Cierto o no, este incidente se regó por todo el Putumayo, debilitando cualquier interés de los campesinos de participar en futuros pactos. (Gonzalo de Francisco nos comentó que si el incidente ocurrió, lo cual dudaba, fue una equivocación). Mientras que De Francisco nos comentaba el 13 de marzo que el desembolso de los fondos para los primeros pactos debería comenzar en unas cuatro semanas, en el Putumayo hay una creciente sensación que, una vez más, los han engañado. Un líder campesino comentó: “Es pura burocracia; la van a desperdiciar toda en viáticos. Ocurrirá como con la planta de procesamiento de palmito.” En varias ocasiones, nos encontramos en la posición de defender al Gobierno de los Estados Unidos ante el enojo de los campesinos, asegurándoles que ésta vez la ayuda sí iba a llegar porque estaba incluida dentro de una ley americana.

Es crucial que los fondos de los pactos lleguen a su destino sin más demoras. Todos los ojos del Putumayo están sobre estos proyectos iniciales y si resultan exitosos, podrían tener un enorme efecto en la población. Lograrían que la gente confiara en el Gobierno Colombiano por primera vez, sembrando las bases para proyectos futuros de erradicación de coca que no dependan de la fumigación.

Hasta ahora los residentes del Putumayo han visto solamente el afán de entregar helicópteros, entrenar batallones, y fumigar campesinos, con un intento a medias de desarrollar alternativas económicas. A la fecha de este escrito, el enfoque de los Estados Unidos hacia el Putumayo – cuyos defensores lo han vendido “como un enfoque balanceado” – ha sido 100% militar.

Un Mejor Planteamiento

Todas las personas con quienes hablamos en el Putumayo – desde los alcaldes y miembros de los Consejos, hasta los campesinos al lado de las carreteras – se oponen a la fumigación. Mientras estuvimos en el Putumayo, el Gobernador estaba en Washington repitiendo el mismo mensaje. “La fumigación no es la solución”, dijo Iván Gerardo Guerrero en una conferencia de prensa el 12 de marzo. “Tiene un grave defecto. No toma realmente en cuenta al ser humano. Lo único que le importa son unas fotos de satélite”.

Escuchamos mucha oposición al incremento de ayuda militar. Aquellos que viven la realidad del día-a-día en el Putumayo ven el problema como social, percibiendo la respuesta militar como absurda. El Alcalde Alzate nos comentó: “En vez de sesenta helicópteros, los Estados Unidos nos debería estar mandando sesenta aplanadoras o tractores”. El alcalde se reía ante el comentario, escuchado muchas veces en Washington, que la erradicación de la droga en el Putumayo podría debilitar a las FARC al quitarles sus ingresos. “Los guerrilleros continuarán igual de poderosos sin la coca. Pueden incrementar los secuestros y las extorsiones para mantenerse. Ellos son poderosos en muchas partes del país donde no hay coca”.

Por lo general, los habitantes del Putumayo están de acuerdo en que la estrategia para erradicar la coca debe ser manual, gradual y concertada con las comunidades afectadas. Hasta cierto punto, el pacto social incluye estos elementos, pero al final, falla en todos.

Aunque los pactos incluyen la erradicación manual, conllevan la amenaza de la fumigación aérea si las matas de coca no se arrancan dentro del período acordado. Los pactos permiten que los cultivadores reduzcan el cultivo gradualmente a través de los doce meses, pero la mayoría insiste que el período de transición debería ser mayor. Mientras que la coca produce su primera cosecha a los pocos meses, la mayoría de los otros cultivos se demoran más, a veces más de un año, para generar ingresos. Los cultivos que se dan en las malas tierras del Bajo Putumayo, tales como el caucho, plátano, o palmito son de árbol, que al cabo de un año todavía son árboles muy jóvenes. Desde 1999, la Comisión Municipal de Desarrollo Rural ha estado promoviendo un plan de sustitución de cultivos con un período de reducción gradual de tres años. Los pactos sociales corren el riesgo de fracasar al menos que el Gobierno permita a los cultivadores un período más largo para la reducción gradual, o les pague un sueldo básico mientras puedan recoger sus primeras cosechas lícitas.

Aunque los pactos aparentemente son de mutuo acuerdo, los términos son definidos por el Gobierno de manera que “si le gusta bien; si no, también”. Los productores locales se quejan que los funcionarios del Gobierno en Bogotá imponen los pactos sin haber consultado nunca con las comunidades afectadas. Un líder indígena sugirió que Gonzalo de Francisco “debería venir con mayor frecuencia al Putumayo y sostener discusiones públicas y foros con la población afectada, en vez de reunirse únicamente con los alcaldes y miembros del Consejo”. Los líderes del sector agrícola y organizaciones indígenas encuentran extraño que el Gobierno sienta la necesidad de contratar con organizaciones ajenas a la región, tales como Fundaempresa, la administración de dicha ayuda y el diseño de proyectos alternativos. Algunos expresaron su preocupación en el sentido que los pactos puedan estimular el cultivo de palma africana, una planta no nativa que produce poco empleo por hectárea.

El desarrollo alternativo, nos explicaron varias personas, es mas que la sustitución de cultivos. El departamento necesita desesperadamente una infraestructura básica, desde agua potable hasta carreteras, para poder llevar los productos al mercado. Los productores agrícolas exigen asistencia con el mercadeo de sus productos, acceso a créditos y, por lo menos a corto plazo, un precio garantizado para sus cultivos lícitos. La educación es otra necesidad con la cual no se ha cumplido. El 85% de la población no tiene educación más allá de cuarto de primaria.

Estas iniciativas tendrían mayores posibilidades de éxito, si los Estados Unidos hiciera más para reducir el consumo de drogas en su propia casa, especialmente incrementando los programas de tratamiento para los adictos consuetudinarios, quienes son los que más componen el consumo doméstico. (Aunque los fondos para dichos programas sí se han incrementado en un 41% desde 1994, la Oficina Para el Control Nacional de la Política de Drogas de la Casa Blanca anotó que los fondos para la ayuda anti-drogas internacional se incrementaron en un 175%, siendo la mayor parte para asistencia militar).

Los campesinos en Colombia no merecen una respuesta militar. Los esfuerzos del Ejército y la Policía deberían estar enfocados más hacia arriba en la cadena de producción, contra los capos de la droga, los importadores de los precursores químicos, y las entidades financieras que les ayudan a los narcotraficantes a lavar su dinero. Tanto Washington como Bogotá probablemente ignorarán las propuestas de la población local de efectuar la erradicación manualmente y de forma gradual. Así mismo, solicitan que los programas de fumigación y entrenamiento de batallones sean de mutuo acuerdo. Esto podría lograr una gran reducción en la cantidad de coca que se cultiva en el Putumayo; sin embargo, la industria de la coca continuará prosperando, empujada por un ejército de migrantes desempleados y sin educación, quienes encontrarán la forma de satisfacer sus necesidades básicas en alguna parte.

La estrategia anti-drogas que los Estados Unidos está llevando a cabo en el Putumayo – la rápida expansión de la fumigación y la poca asistencia para el desarrollo de la región – ya se ensayó en otras partes de Colombia. Hasta el momento, lo único que se ha logrado es incomodar ligeramente al negocio de la coca, forzando su reubicación cada par de años, mientras los cultivos se incrementan cada vez más. Esta política fue la que origino la invasión de coca en el Putumayo a finales de los años noventa. Utilizando este método en el Putumayo, lo único que se logrará es trasladar los cultivos a otro sector de selva virgen en Colombia o al otro lado de la frontera en Ecuador, Perú o Brasil.

La reubicación de los cultivos de coca traerá consigo destrucción ambiental, grupos armados y violencia, así como más planes de fumigación para zonas que eran como el Putumayo hace veinte años. “Miren como hemos destruido nuestra propia casa”, dijo un viejo residente del Putumayo, lamentando la pérdida de la selva con toda su belleza y tranquilidad. Si los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia cambian de rumbo con el tiempo, tal vez se puedan salvar casas que aun están intactas.


El Centro para las Políticas Internacionales les agradece a la Fundación CarEth, la Fundación Compton, la Fundación General Service, el Stuart Mott Charitable Trust, y la Academy for Educational Development por el apoyo financiero que hizo posible nuestra visita. También les enviamos nuestras expresiones más profundas de gratitud a los que sirvieron como nuestras guias y asesores durante nuestra estadía en el Putumayo.

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