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Last Updated:4/23/01
¿Ignoran a la guerrilla los grupos de derechos humanos?, 7 de noviembre de 2000
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Los grupos defensores de derechos humanos que trabajan con Colombia frecuentemente se ven enfrentados a críticas en las cuales se dice que de manera deliberada ignoran los abusos cometidos por los grupos guerrilleros colombianos. Durante las sesiones de preguntas y respuestas en las diferentes conferencias y seminarios que se llevan a cabo, miembros del auditorio frecuentemente denuncian nuestras observaciones, alegando que le prestamos demasiada atención a los asesinatos, masacres, y otros crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas Colombianas y que ignoramos a las FARC y el ELN cuando cometen los mismos crímenes.

Algunos grupos de la extrema derecha colombiana coinciden con estas acusaciones. Hace unas semanas recibimos un mensaje en nuestro correo electrónico de un grupo llamado “Dignidad Colombia” en el cual nos preguntaPor qué será que las llamadas ONG, que se dicen ‘protectoras de los derechos humanos’ no protestan, o lo hacen de manera ridículamente débil ante las atrocidades de la ‘guerrilla,’ pero sÍ ponen el grito en el cielo cuando se trata de alguna acción de las fuerzas opuestas a la ‘guerrilla’? -Eso no deja de ser sumamente sospechoso...” Los grupos paramilitares comparten esta opinión. Esto se observa claramente en una amenaza hecha en septiembre por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la Corporación Regional para los Derechos Humanos (CREDHOS) basada en Barrancabermeja: “Las AUC han determinado que los trabajadores de derechos humanos, particularmente los miembros de CREDHOS, son cómplices de la guerrilla. Es por esta razón que los hemos denominado objetivo militar... no hacen más que denunciar los crímenes de las AUC y constantemente nos denominan como enemigos de la paz, sin embargo no denuncian de manera pública los crímenes guerrilleros.”

Hoy en Washington nos vemos enfrentados a las mismas criticas. El 21 de septiembre en una audiencia en la Cámara de Representantes del Sub-Comité de Asuntos para el Hemisferio, el Representante Dan Burton (R-Indiana) afirmó con gran osadía que “ninguna organización de derechos humanos ha condenado a las FARC por su brutalidad... La credibilidad de las ONG puede ser cuestionada cuando se abstienen de condenar estas actividades.” El Subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, Brian Sheridan, también un testigo en esta audiencia, dijo de manera enfática que deseaba “identificarse con los comentarios del Representante Burton.”

Es por esta razón que vemos la necesidad de consignar estas graves acusaciones y demostrar su falsedad. Comentarios como estos implican que los grupos de derechos humanos—que muchas veces sí incluyen miembros con creencias políticas de izquierda no violentas—de alguna manera apoyan o favorecen a la guerrilla colombiana. Tal implicación especialmente en un ambiente tan hostil y variable como el que se vive en Colombia compromete la seguridad de estas personas en una profesión que ya resulta riesgosa sin tal tipo de acusaciones.

En primer lugar, hay que enfatizar que dichos comentarios son totalmente falsos. Tanto los grupos defensores de los derechos humanos internacionales como los colombianos frecuentemente critican a las FARC y al ELN. Los reportes anuales de organizaciones tan prestigiosas como Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo indican claramente. La organización Human Rights Watch en su reporte investigativo, War Without Quarter, incluye una sección detallada sobre las violaciones del Derecho Internacional Humanitario. En octubre del 2000, Andrew Miller de Amnistía Internacional—EEUU, afirmó en una audiencia en el Congreso que su organización “también ha denunciado los abusos del derecho internacional humanitario por los grupos de oposición colombianos principalmente las FARC, el ELN y el EPL. Entre los abusos cometidos por estos grupos se destacan el reclutamiento de menores, las amenazas, los secuestros, desapariciones, masacres, y asesinatos selectivos entre otros.” El Centro para las Políticas Internacionales, aunque no se encarga de documentar casos individuales de violaciones de derechos humanos, pone su nombre en las condenas escritas de los abusos cometidos por la guerrilla. Así mismo en sus publicaciones incluye críticas a la guerrilla, tal es el caso en su publicación The Colombian Dilemma, publicada en febrero del 2000 donde señala que la “guerrilla de manera rutinaria ejecuta y masacra a aquellas personas que consideran sus opositores y también llevan a cabo un número desproporcional de ataques contra la población civil—en la mayoría de los casos con bombas de fabricación rudimentaria que en la mayoría de los casos matan a los civiles no combatientes.”

De la misma manera los grupos colombianos de derechos humanos condenan los abusos y violaciones cometidos por los grupos guerrilleros. El Centro para Investigación y Estudios Políticos (CINEP) y Justicia y Paz mantienen una extensa y objetiva “banco de datos” que documenta las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores. La Comisión Colombian de Juristas es otra excelente fuente de información. Sus publicaciones contienen un sin número de estadísticas en materia de violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla.

Aunque estas organizaciones trabajan para mantener un equilibrio en su información, es cierto que los abusos cometidos por los paramilitares y militares son documentados con mayor frecuencia. Esto se puede explicar de la siguiente manera.

Primero, los paramilitares cometen la mayoría de los asesinatos. En los últimos años la Comisión Colombiana de Juristas—cuyas cifras son utilizadas por el Departamento de Estado para sus propios reportes—ha encontrado que los paramilitares son responsables de tres de cada cuatro asesinatos políticos en Colombia. Así mismo han demostrado que con frecuencia estos actúan en complicidad con los militares, llevando a cabo la mayoría de las masacres y desapariciones forzadas de los civiles no combatientes. (La guerrilla a su vez comete violaciones que en la mayoría de los casos no llevan a la muerte de la victima. Entre ellos se destacan el secuestro, la extorsión y el bombardeo de infraestructura).

Segundo, hacer un llamado al gobierno para que responda por las violaciones cometidas por la guerrilla resulta redundante. En la mayoría de los casos se presume que las autoridades colombianas están tomando los pasos necesarios para enjuiciar a los líderes guerrilleros. Pero cuando los militares o paramilitares cometen una violación, los grupos defensores de los derechos humanos deben demandar que el Estado colombiano cumpla los compromisos adquiridos en el área de derechos humanos. Muy a menudo, estos compromisos no son respetados y los fracasos son evidentes. Hay una falta de respuestas prontas, investigaciones adecuadas, y prosecuciones de los responsables. El patrón de impunidad del estado hace que las recomendaciones de los grupos defensores de derechos humanos sean aun más relevantes.

Tercero, las implicaciones en la política estadounidense son más claras. Los Estados Unidos contribuye casi 2 millones de dólares diarios a las Fuerzas Armadas Colombianas. Es tarea de las organizaciones de derechos humanos estadounidenses garantizar que esta ayuda no esté beneficiando a las unidades militares que cometen abusos directamente o por medio de complicidad con los paramilitares. Es indispensable que se lleve a cabo una clara examinación de las violaciones de tanto militares como paramilitares para así poder hacer uso de las leyes estadounidenses. El condicionamiento de derechos humanos en las leyes de ayuda militar requieren que se haga un minucioso reportaje alrededor de las relaciones entre militares y paramilitares y los juicios de estos en cortes civiles.

Cuarto, las violaciones cometidas por los militares y en especial las paramilitares son reportados muy esporádicamente en los medios estadounidenses. La documentación de estos abusos por las organizaciones de derechos humanos ayudan a llenar el vacío de información. En mayo del 2000, Peter Hart de la organización Fairness and Accuracy in Reporting, explica que “La misma existencia de los grupos paramilitares no ha sido documentada en los medios.” Aunque los asesinatos paramilitares son más frecuentes, los ataques guerrilleros son reportados con mucha más frecuencia en los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Mientras que los servicios de noticias como Reuters y Associated Press documentan de manera verídica los abusos cometidos por los grupos paramilitares, estos reportajes solo son accesibles por medio del Internet, ya que los editores de los periódicos rara vez los publican. Así mismo, cuando estos reportajes son publicados las historias aparecen con varios meses de retraso. Un ejemplo se da con el artículo publicado en el New York Times, en julio del 2000, documentando la masacre ocurrida en El Salado el pasado febrero.

Finalmente, para poder adelantar el proceso de paz es indispensable ejercer presión para que se arresten y persigan los líderes paramilitares ya que su existencia es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz. En los años 80 las FARC trató por medio de su brazo político, la Unión Patriótica, de integrarse de manera pacífica a la esfera política. El resultado fue desastroso: en un período de siete años hasta 3.000 de sus miembros fueron asesinados. Son precedentes como este los que complican aún más el proceso de paz, ya que tanto las FARC como el ELN mantienen que no entregarán sus armas porque temen por su seguridad personal.

Los académicos William Leogrande y Kenneth Sharpe, en la más reciente edición del World Policy Journal, explican que “el problema no ha sido traer a los grupos guerrilleros a la mesa de negociación—ellos han estado negociando de manera interrumpida con el gobierno por casi dos décadas. Los grupos paramilitares son el obstáculo que no permite llegar a una solución negociada al conflicto. Pastrana no puede garantizar la seguridad personal de los guerrilleros si estos decidieran dejar las armas y reinsertarse a la sociedad civil.” Por esta razón,  ejercer presión hacia los grupos paramilitares hará más fácil crear los incentivos necesarios para que se lleve a cabo un proceso de paz en Colombia.

Todos aquellos trabajando para dar fin al conflicto colombiano quieren ver un cese de hostilidades y un fin al abuso de derechos humanos. Acusaciones irresponsables de tener parcialidad hacia un grupo violento solo distraen de esta meta común, y también crean obstáculos y peligros en el trabajo de los grupos defensores de derechos humanos. Todos aquellos que hacen tales acusaciones deben buscar otros medios por los cuales avanzar sus agendas políticas.

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