I’m grateful to the Quincy Institute’s online magazine, Responsible Statecraft, for publishing my analysis of the current moment in Colombia’s elections. The first round was five days ago, and the second, between two very non-traditional candidates, is coming on June 19. It’s going to be a wild ride.

Read the English version there.

Here (with help from DeepL, and me giving that a non-native-speaker edit) is el contenido en español.

“Cómo un populista esquivó la vieja maquinaria de izquierda-derecha de Colombia”

Por Adam Isacson

Las elecciones presidenciales de Colombia se dirigen a una segunda vuelta el 19 de junio. Es imposible predecir quién gobernará de 2022 a 2026, pero es seguro que habrá un cambio sorprendente. Por primera vez en la historia moderna del tercer país más grande de América Latina, el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas.

Los colombianos están agotados por la pandemia, el aumento de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la delincuencia y la proliferación de grupos armados, y un gobierno en funciones que no ha sabido transmitir empatía. En la primera vuelta del 29 de mayo, el 40,3% apoyó a Gustavo Petro, el primer candidato viable de centro-izquierda en al menos 80 años, en un país donde los candidatos reformistas han sido asesinados con frecuencia.

Aunque estaba llenando plazas y recibiendo mucha cobertura de los medios de comunicación, las encuestas habían mostrado correctamente que era improbable que Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, alcanzara el umbral del 50 por ciento necesario para una victoria en la primera ronda. Las encuestas apuntaban a que Petro se enfrentaría en la segunda vuelta, y probablemente vencería, a Federico Gutiérrez, el candidato respaldado por el partido del actual presidente de Colombia, Iván Duque, un conservador impopular.

Eso no fue lo que ocurrió: Gutiérrez quedó en tercer lugar, y Petro se enfrentará a otro candidato “outsider” a favor del cambio. Rodolfo Hernández, un irascible ex alcalde de la sexta ciudad más grande de Colombia, de 77 años, obtuvo el 28,2%. Hernández, un acaudalado empresario que se presenta sin partido político y que aparece más a menudo en Tik-Tok y otras plataformas que en persona, atrajo a los colombianos opuestos a la política de Petro pero descontentos con el statu quo. Se ha disparado en las últimas encuestas, impulsado por un estilo populista, campechano y propenso a las meteduras de pata, y por un mensaje anticorrupción de gran calado (aunque se están investigando algunas irregularidades en la contratación durante su gestión como alcalde).

La ventaja de Petro y el auge de Hernández supusieron un duro golpe para la maquinaria política tradicional de Colombia, incluida la del otrora dominante ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), un conservador cuyo candidato elegido (incluido él mismo) había llegado a la ronda final de todas las elecciones desde 2002, perdiendo sólo una vez. Quien gane el 19 de junio no estará en deuda con los partidos mayoritarios de Colombia, aunque éstos sigan teniendo muchos escaños en el Congreso. Y muy notablemente, independientemente del resultado, la próxima vicepresidenta de Colombia será una mujer negra: la líder del movimiento social Francia Márquez (Petro) o la académica Marelén Castillo (Hernández).

La matemática ahora mismo favorece a Rodolfo Hernández. Su porcentaje de votos válidos el 29 de mayo, más los de Gutiérrez, arroja un voto de “cualquiera menos Petro” de hasta el 54 por ciento. Una primera encuesta, publicada el 1 de junio, mostraba a Petro y a Hernández dentro del margen de error, con Hernández ligeramente por delante, y un gran número de indecisos (14 por ciento). Un segundo sondeo, sin indecisos, daba a Hernández un margen de 52-45.

Aunque se trata de una votación entre dos candidatos del “cambio” con fuertes tendencias populistas, el 19 de junio no será una contienda entre la izquierda y la derecha: ver las elecciones de Colombia de esa manera es malinterpretarlas. Hernández, en un claro esfuerzo por despojarse de la etiqueta de “derecha”, expuso en un tuit el 30 de mayo un hilo de propuestas políticas tan centristas, incluso de izquierda en algunos temas, que Petro lo acusó de “regoger mis propuestas”.

• Ambos prometen implementar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, al que Uribe y sus partidarios se opusieron. El programa de Petro discute en mayor detalle cómo lo implementaría, incluyendo las prioridades de género y étnicas.
• Ambos prometen proseguir negociaciones con el grupo guerrillero que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de más de 50 años de antigüedad.
• Ambos restablecerían las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, un probable golpe al gobierno alternativo opositor de Juan Guaidó, a quien tanto Bogotá como Washington reconocen actualmente como presidente de Venezuela.
• Ambos son muy críticos con la política de drogas tal y como se ha practicado en el último medio siglo. Hernández le dijo al embajador estadounidense que estaba a favor de la legalización de las drogas, cuando se reunieron en enero. Ambos buscarían legalizar el cannabis recreativo, y no se reanudará la dura política de erradicación de la coca mediante la fumigación de herbicidas desde aviones, apoyada por Estados Unidos y suspendida por razones sanitarias desde 2015.
• Ambos candidatos se oponen al fracking, apoyan el derecho al aborto (recientemente legalizado por una decisión de la Corte Constitucional), y apoyan los derechos del colectivo LGBTQ, el matrimonio gay, y la adopción por parte de parejas homosexuales.
• Ambos dicen que apoyan el derecho a la protesta social, incluido el paro nacional que paralizó Colombia durante semanas en abril y mayo de 2021. Y ambos critican duramente a Uribe, el ex presidente de línea dura al que los colombianos asocian con importantes logros en materia de seguridad, pero también con violaciones de los derechos humanos y faltas de ética.

La lente izquierda-derecha, entonces, es de poca utilidad para entender lo que está sucediendo. Las posiciones de Gustavo Petro son tradicionalmente de izquierda, pero no está claro si Petro gobernaría como un socialdemócrata o como un “hombre fuerte” populista. Hernández es más amigable con el sector de las grandes empresas, pero las posiciones enumeradas muestran más flexibilidad ideológica que la que hemos visto en populistas de derecha como Jair Bolsonaro o Donald Trump. En lugar de llamarlo el “Trump colombiano“, tiene más sentido comparar a Hernández con populistas latinoamericanos semiautocráticos que no encajan fácilmente en los encasillamientos de izquierda-derecha, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el salvadoreño Nayib Bukele.

Gane quien gane, el próximo presidente de Colombia será un líder que tratará de apelar directamente al pueblo, que se peleará a menudo con los medios de comunicación, y que probablemente no defenderá las normas establecidas y las frágiles instituciones. El próximo líder se resistirá a los controles y equilibrios democráticos; ambos han planteado la idea de utilizar poderes de emergencia. Se enfrentará a los enemigos: para Petro, son las élites tradicionales de Colombia; para Hernández, son los que considera corruptos, o, de forma alarmante, la población inmigrante venezolana, que ha sido objeto de algunos comentarios xenófobos.

Todos estos son elementos de lo que podríamos llamar el “libreto populista”, un elemento emblemático de las democracias en declive del siglo XXI en todo el mundo. El próximo presidente de Colombia podría ser popular y transformador, pero el país podría ser aún menos democrático que es.

Esto supone un reto para Estados Unidos. Tanto las administraciones demócratas como las republicanas han invertido 25 años, y más de 13.000 millones de dólares, en construir una “relación especial” con Colombia, especialmente con las fuerzas de seguridad colombianas. Al presidente Joe Biden le gusta llamar a Colombia “la piedra angular de la política estadounidense en América Latina y el Caribe”. A Washington le preocupa perder influencia en el hemisferio occidental en favor de China y otras grandes potencias rivales.

Washington está a punto de descubrir que sólo ha construido una “relación especial” con un pequeño segmento de Colombia -las élites urbanas, las fuerzas armadas, las asociaciones empresariales-, lo que le deja sin preparación para trabajar con un gobierno cuya base está en otra parte, en la sociedad civil organizada y entre las clases medias descontentas, los colombianos más pobres, y los afrodescendientes e indígenas. Independientemente de quién gane, es probable que la relación entre Estados Unidos y Colombia siga siendo cordial en general, pero el camino que queda por recorrer será muy accidentado.

Los puntos de vista de ambos candidatos sobre las relaciones con Venezuela y sobre la política antidroga -especialmente la erradicación de cultivos forzados y la extradición- podrían ponerlos en vías de colisión con la administración Biden y con los republicanos del Congreso. La visión crítica de Petro sobre el libre comercio y la inversión extranjera, y su probable deseo de relajar la asociación militar entre Estados Unidos y Colombia, provocaría hostilidad en algunos sectores de Washington. El resultado podría ser palabras desagradables, reducción de la presencia diplomática, reducción de la asistencia y, quizás, un abrazo aún más estrecho a las élites empresariales y políticas de Colombia ya fuera del poder.

La relación de Washington con Colombia podría llegar a parecerse a la que tiene ahora con otros gobiernos populistas o de tendencia autoritaria en la región (aparte de los de izquierda dura -Cuba, Nicaragua, Venezuela- con los que las relaciones son totalmente hostiles). Si es así, los funcionarios estadounidenses evitarán airear la mayoría de los desacuerdos en público. Preferirán enfatizar las áreas de cooperación, como hacen hoy en día en materia de migración con México y Centroamérica, o en los lazos militares con Brasil.

Los funcionarios estadounidenses tratarán de relacionarse con algunas instituciones aunque se mantengan al margen de los líderes políticos. En Brasil, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, el Comando Sur de EE.UU. continúa con un programa intenso de compromisos militares incluso cuando las relaciones con los presidentes Bolsonaro, Bukele y Giammattei son distantes. Es fácil imaginar un escenario en el que la relación entre militares, en vez de entre civiles, se convierta en la interacción más estrecha del gobierno estadounidense con Colombia.

El próximo reto inmediato para la política estadounidense -y para la diplomacia internacional en general- se producirá el 19 de junio. Si, como parece probable, los candidatos están a pocos puntos porcentuales de distancia entre sí, la posibilidad es alta de que uno de ellos clame “fraude” y rechace el resultado. Si Hernández rechaza el resultado, podría contar con el apoyo de poderosos intereses empresariales y jefes políticos, y quizás incluso de facciones de las fuerzas de seguridad. Si Petro lo rechaza, las protestas callejeras podrían paralizar el país, y quizás volver a encontrarse con una respuesta policial violenta.

Si esto ocurre, el gobierno de Estados Unidos, junto con la OEA y todos los amigos de Colombia, deben trabajar para desactivar la violencia y canalizar las tensiones hacia el diálogo. Eso significa basar todas las declaraciones públicas en hechos establecidos, no en resultados deseados. Significa condenar el comportamiento que viola los derechos humanos, algo que la administración Biden tardó en hacer durante las protestas nacionales de 2021.

Como demuestra la elección de dos candidatos ajenos a la sociedad, los colombianos están con los ánimos crispados en este momento. El objetivo diplomático debe ser amplificar lo que es cierto y buscar desescalar rápidamente. Sólo entonces podremos pasar a preocuparnos por la política y el populismo.